Las celdas de la CBP fueron diseñadas para retener personas sólo por unas cuantas horas –72 como máximo- antes de ser deportadas o entregadas a la custodia de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE, por su sigla en inglés) o al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por su sigla en inglés) si se trata de niños de países no fronterizos.
La agencia dijo que las nuevas políticas incluyen modificaciones en materia de transporte, acompañamiento, detención y búsqueda de personas detenidas, y también medidas para prevenir abusos, sobre todo de niños y familias.
Entre los cambios anunciados por el CBP el lunes se incluyen:
   – Revisar las retenciones y devolución de los bienes personales de un individuo tales como documentos de identificación, medicamentos, dinero y documentos legales. Estos artículos serán detallados y protegidos hasta su regreso al propietario;
   – Mejorar los lugares de detención con atención en la temperatura, comidas, acceso a agua potable e higiene;
   – Incluye un texto sobre la identidad de género que no fue considerado previamente. Señala que cada vez que se registre una detención o un examen médico, lo hará un agente de mismo género del individuo detenido.
No confían en los cambios
“No creo que los cambios anunciados el lunes sean suficientes”, dijo a Univision NoticiasBarbara Hines, una abogada de la Universidad de Texas que trabaja en proyectos de ayuda a inmigrantes detenidos en la frontera. “No confío en que la Patrulla Fronteriza cumpla con las normas que está anunciando por su propia cuenta”.
No hay un mecanismo de monitoreo y los reglamentos no modifican mucho, sobre todo en cuando a los niños y las madres detenidas, por ejemplo en cuanto a la limitación de 72 horas en los holdings cell (celdas donde permanecen hasta que sean entregados a otras dependencias federales o deportados)”, agregó.
Hines citó que algunos de los cambios anunciados “están contenidos en el acuerdo judicial Flores versus Meese de 1997, que prohíbe el encierro de menores de edad en centros restrictivos en cualquier parte del territorio de Estados Unidos.
“Muchos de los reglamentos se limitan con frases tales como ‘cuando sea posible’ o ‘se debe tratar de’, lo cual no quiere decir que se trata de reglas firmes”, advirtió la abogada.
La crisis del 2014
El año pasado la CBP detuvo a poco más de 68,000 mil niños cuando intentaban ingresar indocumentados a Estados Unidos por un tramo de la frontera de Texas. Poco más del 95% de ellos fueron liberados y el resto entregados al cuidado de ICE y del HHS.
La crisis estalló el 2 de junio del 2014 cuando el Presidente Barack Obama reconoció la existencia de una crisis en la frontera a causa del alto número de detenciones, situación que detonó un gran número de quejas sobre personas que eran retenidas demasiado tiempo y bajo malas condiciones en estaciones de la Patrulla Fronteriza que no estaban preparadas.
La Ley William Wilberforce de Reautorización para la Protección de Víctimas de Tráfico de Personas (TVPRA, por su sigla en inglés)  aprobada por el Congreso en 2008 no permite que menores migrantes que viajen solos sean deportados de inmediato como ocurre con los mexicanos cuando son detenidos por la Patrulla Fronteriza.
La legislación señala que deben ser entregados al HHS para ser procesados y que un juez de inmigración decida sus futuros en Estados Unidos.
De los miles de niños detenidos y que fueron citados por Obama, 73% son originarios de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras), 25% mexicanos y 2% de otros países. Los mexicanos fueron deportados pero el resto, el 75%, fueron procesados de acuerdo con lo estipulado por la ley de 2008.
El gobierno asegura que todos los niños centroamericanos están en proceso de deportación. Sus casos, sin embargo, pueden demorar años en el lento y dificultoso proceso legal de las cortes de inmigración estadounidenses.
Los centros familiares
Menos del 5% de los detenidos por la CBP en 2014 fueron entregados a ICE que los trasladó acentros familiares de detención.
Tres de ellos, dos ubicados en San Antonio Texas (Karnes City t Dilley) y un tercero en el condado Berks, Pensilvania), fueron demandados ante una corte de California en diciembre por violar un acuerdo judicial alcanzado en 1997 que prohíbe el encierro de menores de edad en centros restrictivos.
En agosto la jueza Dolly Gee, que preside la Corte Federal del Centro de California, ordenó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés y bajo cuyo mando operan el CBP e ICE) ordenó que libere a los niños y sus madres que permanecen detenidos en centros de detención familiares, y dijo que el gobierno no estaba cumpliendo con un acuerdo judicial Flores versus Meese de 1997.
La corte fijó un plazo hasta el 23 de octubre pero no ordenó el cierre de las cárceles.
La tercera semana de septiembre la Comisión Bipartidista avaló el fallo y escribió cartas a los secretarios del DHS y de Justicia para que liberen de inmediato a los niños y sus madres.
El DHS apeló el fallo de la jueza Gee dilatando el futuro de cientos de niños probablemente durante varios meses.
Entre el 1 de octubre de 2014 y el 31 de agosto de 2015, la CBP detuvo un total de 9,075 niños originarios de El Salador, 11,259 niños de Guatemala, 9,276 niños de Honduras y 3,903 niños de México. El sector de Río Grande sigue siendo uno de los puntos con mayores detenciones.
Persisten las dudas
El comisionado de la CBP, R. Gil Kerlikowske, ha defendido el desempeño de la agencia e insinuado que las quejas sobre bajas temperaturas fueron resultado de gente que entra a cuartos con aire acondicionado luego de estar bajo un calor excesivo.
“La meta —y nos mantenemos realmente atentos a esto— es que la gente deje de estar en nuestra custodia en 24 horas” (en vez de las 72 que señala la ley), aseguró Kerlikowske en una entrevista en agosto. “Se les proporciona agua y comida y la oportunidad de descansar, y, por supuesto que deben ser procesados. Es decir, se han ido. Y esa es nuestra meta real, que estén en nuestra custodia el menor tiempo posible”.
Kerlikowske dijo el lunes que las normas ofrecen una “política congruente y clara” para la gente en custodia. Los grupos en defensa de los derechos, que habían hecho de los estándares de detención una prioridad, tuvieron en general una reacción tibia.
Chris Rickerd, asesor de políticas para la Oficina Legislativas en Washington de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés), elogió a la agencia por un “esfuerzo inicial” y su atención en atender niños, personas con discapacidad, y homosexuales, lesbianas y transexuales. Pero dijo que las normas se quedaron cortas en general y que la agencia carece de supervisión independiente.
“Como muy logrado y profesionales de la ley dedicados, personal de la CBP se comprometen a garantizar la seguridad, protección y atención de las personas en nuestra custodia. A través de esta política consistente y clara, la CBP refuerza aún más esta tarea “, dijo Gil Kerlikowske. “Nuestra expectativa es que los empleados de CBP para el tratamiento de todas las personas que entran en contacto con dignidad y respeto.”
Cambios anteriores
En enero el jefe de la seguridad nacional de Estados Unidos, Jeh Johnson, anunció una serie de reformas a los centros familiares de detención migratoria de ICE, incluido el acortamiento del periodo de encarcelamiento y la fijación de fianzas más pequeñas.
El anuncio, sin embargo, fue considerado insuficiente por congresistas demócratas, activistas y abogados, quienes pidieron el cierre inmediato de las instalaciones y la liberación de los cientos de detenidos.
Los legisladores consideran “inaceptable” que el gobierno tenga detenidos, algunos durante más de un año, a personas que llegaron a la frontera del suroeste de Texas como refugiados en busca de asilo.
Otro cambio anunciado por Johnson incluyó la modificación a la fijación de fianzas de liberación para que éstas sean “razonables y realistas” tomando en cuenta la capacidad de las familias migrantes para cubrir el monto. También instruyó a los agentes de ICE a llevar a cabo entrevistas con los inmigrantes detenidos en un tiempo razonable, acortar el periodo de detención de familias que soliciten refugio y que la agencia se asegure que madres y niños comparezcan en las cortes migratorias.
La abogada Lilia Velázquez, profesora adjunta del California Western of Law de San Diego, California, considera insiste en que “Todos (los detenidos) deberían ser puestos en libertad de inmediato y no lo han hecho”.
“Hay precedente legal para liberar a estas mujeres y niños y cerrar los centros”, dijo Velásquez. “Nos preguntamos por qué tras la crisis de niños migrantes en la frontera el año pasado, el gobierno liberó a unos y mantuvo detenidos a otros. No tenemos las respuestas todavía”.
Cortesía: Univisión

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